CAMANÁ: SU CARA OCULTADA

El 1 de octubre de 1990, Constantino Saavedra Muñoz, ex-teniente alcalde del distrito de Quinua, provincia de Huamanga, fue interceptado por miembros del Ejército, junto a los señores Gilberto Aparicio y Plácido Juscamayta. Estos últimos fueron liberados al día siguiente de la detención. Del señor Constantino Saavedra jamás se volvió a saber.

Constantino Saavedra Muñoz tenía 40 años y estaba casado con Maximiliana Rómula Quispe Montes de Saavedra, con quien tenía cuatro hijos. La pareja había asumido, además, el cuidado de otros dos menores de edad (sobrinos de la señora Maximiliana) cuyos padres habían sido asesinados en la selva.

Saavedra era ingeniero agrónomo y fue teniente alcalde del distrito de Quinua, provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho, durante el gobierno de Fernando Belaúnde. También era ex-dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de Ayacucho (FADA), base de la Confederación Campesina del Perú.

En la mañana del 1 de octubre de 1990, Constantino Saavedra se dirigió a la Oficina-Taller de la Corporación de Desarrollo de la Ciudad de Huamanga (CORFA), en compañía de los señores Gilberto Aparicio y Plácido Juscamayta. Estaban gestionando el alquiler de un tractor para labores agrícolas.

Al salir de la reunión en CORFA, los señores Saavedra, Aparicio y Juscamayta observaron que un grupo numeroso de personas de los grupos de defensa civil de Acosvinchos, así como un camión y un carro del Ejército merodeaban la zona. Sin embargo, prosiguieron su camino. En ese momento fueron interceptados por efectivos de Inteligencia del Ejército, vestidos de civil, que se encontraban en los alrededores. Los efectivos les solicitaron sus documentos de identificación. Luego los detuvieron y los introdujeron por la fuerza en la caseta del camión.

El vehículo se dirigió al Cuartel BIM 51"Los Cabitos". Al momento de ingresar al cuartel, los tres detenidos se encontraban sin ningún tipo de venda, por lo que pudieron reconocer perfectamente el lugar a donde los estaba llevando. Al pasar la primera tranquera del cuartel, los detenidos fueron obligados a cubrirse la cabeza con sus chompas (jumpers). Una vez en el interior las tres personas fueron registradas y separadas. Cada una quedó en recintos separados. Al poco tiempo los militares empezaron a interrogarlos, a torturarlos y a presionarlos para que se declararan terroristas. A Constantino Saavedra le preguntaban, específicamente, si conocía a Francisco Páucar.

El 2 de octubre de 1990, los militares liberaron a los señores Gilberto Aparicio y Plácido Juscamayta. Previamente los amenazaron de muerte, tanto a ellos como a su familia, si contaban lo que habían visto en el cuartel. Antes de ser liberados, oyeron la voz de Constantino Saavedra, quien se quedó detenido.

Mientras tanto, la señora Maximiliana Quispe buscaba desesperada a su esposo. Al enterarse, mediante sus compañeros liberados, sobre las circunstancias relativas a su detención se dirigió de inmediato al cuartel "Los Cabitos" para gestionar su liberación. Al llegar al cuartel, fue atendida por el general encargado de dicha Base Militar, quien negó que Saavedra se encontrara detenido en ese lugar.

La señora Quispe realizó numerosas gestiones para obtener la liberación de su esposo. Denunció el caso ante el Fiscal Superior de Personas Desaparecidas y de Derechos Humanos de Ayacucho, ante el Arzobispo de Ayacucho y ante la Oficina Especial de los Derechos Humanos del Ministerio Público.

Pese a las numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales que realizaran los familiares de la víctima, Constantino Saavedra nunca apareció.